Hemeroteca: Rebuscando en la mierda para encontrar respuestas
Siete testigos declaran que Baniandrés denunció la desaparición de 5.000 documentos policiales.
Recurso del ex jefe de la Brigada de Interior contra un expediente de la dirección.
Siete testigos -tres periodistas y cuatro policías- declararon ayer ante la Sala IV de la Audiencia Territorial de Madrid sobre el expediente abierto por el director general de la Policía, Rafael del Río, al ex jefe de la Brigada de Interior Mariano Baniandrés por unas declaraciones a la Prensa sobre la desaparición de más de 5.000 informes de la mencionada dependencia policial en las vísperas de la llegada del equipo socialista al Ministerio del Interior.
Todos los testigos reconocieron que Baniandrés informó a sus superiores de dicha irregularidad al hacerse cargo de la Brigada en enero de 1983, en contra de la postura de Rafael del Río, que le abrió expediente por falta grave y Je sancionó con cinco días de haber. Los periodistas que declararon ayer en la prueba testifical de la defensa fueron Santiago Aroca, de la revista Tiempo, y Antonio Peiré, de Radio Nacional de España, así como los policías Félix Alonso, José Luis López Esteban, Mariano Briones y José Antonio Rodríguez. Carlos Yárnoz, del diario EL PAIS, declaró el pasado viernes.El director general de la Policía, Rafael del Río., abrió un expediente por falta grave al ex jefe de la Brigada Interior Mariano Baniandrés, por no haber informado regularmente a sus superiores de la desaparición de los 5.000 expedientes. Baniandrés ya aclaró que informó de lo ocurrido nada más llegar a la Brigada en enero de 1983-y tomar acta de los documentos que faltaban y estaban inscritos en libro de registro.
Baniandrés, acompañado de otros policías, informó en aquellas fechas a Del Río que tales afirmaciones recogidas por la Prensa eran falsas y le aclaró que si la Dirección General de la Policía no rectificaba dichas informaciones tendría que hacerlo él personalmente. Al no rectificarse estas afirmaciones por la dirección, Baniandrés realizó unas declaraciones públicas desmintiendo que no hubiera informado, a tiempo de la desaparición de los documentos, hecho por el que Del Río le abrió este expediente por falta grave ahora recurrido.
Se da la circunstancia de que los dos policías que devolvieron 2.000 expedientes de los 5.000 que desaparecieron de la Brigada, bastante tiempo después de que fuera denunciado el hecho por Baniandrés, fueron absueltos de cualquier culpa.
Entre los documentos sustraídos de la Brigada se encontraban numerosos informes confidenciales sobre el frustrado golpe de Estado del 23-F y sobre actividades involucionistas dirigidas por militares y grupos ultraderechistas civiles.
La Brigada Antigolpe, formada en su mayoría por hombres de ’Billy el Niño’
La mayoría de los funcionarios que componen la Brigada Antigolpe procede del grupo anti-GRAPO, que dirigía durante la época franquista, en la Brigada Central de Información (BCI), Juan Antonio González Pacheco, más conocido por Billy el Niño, antes de que éste fuera depurado de los servicios de información de la policía por el comisario Manuel Ballesteros. El actual segundo jefe de esta brigada, Manuel Sandoval, fue durante largo tiempo jefe del grupo de estudiantes -grupo que se ocupaba de reprimir los movimientos universitarios-, quien también dejó de prestar sus servicios en la BCI para pasar a la Brigada Antigolpe, según sabe este periódico de fuentes policíales de toda solvencia.La Dirección General de la Policía hizo pública el pasado lunes una nota en relación con una información que sobre la Brigada Antigolpe publicó EL PAIS el día anterior, en la que expresaba "su más enérgica protesta por el calificativo de ’hombres de conocida ideología ultraderechista’" que se hacía de los miembros de esta brigada. Esta opinión fue recogida en medios policiales, y calificaciones similares han sido publicadas en más de una ocasión en revistas y periódicos.
El grupo anti-GRAPO que dirigía Billy el Niño estaba considerado, incluso en medios policiales, como uno de los más duros durante la época de la más fuerte represión franquista, y la relación de algunos de sus miembros -entre ellos, Baldomero- Araujo o los hermanos Reglero- con personas de la extrema derecha es bien conocida en medios periodísticos.
El propio jefe de la Brigada Antigolpe, Emilio Sánchez, cuando presentó al ministro del Interior la lista de los funcionarios que iban a componer la mencionada brigada, tuvo que explicarle a Juan José Rosón, sorprendido por las personas que había elegido, que había escogido a hombres de exacerbado pensamiento conservador porque así le resultaba más fácil infiltrarlos en los grupos de la extrema derecha y golpistas.
Un hombre de Roberto ConesaEmilio Sánchez, hombre de confianza del director de la Seguridad del Estado, Francisco Laína, de quien depende directamente la también llamada brigada del amanecer, se fraguó profesionalmente en torno al conocido ex comisario Roberto Conesa, hombre muy conocido también por la intensa actividad que desplegó en la policía franquista.
Asimismo, la nota de la Dirección General de la Policía precisaba que "no existe constancia del malestar de altos cargos policiales por las actuaciones de la Brigada Antigolpe", lo que no impide que altos cargos policiales hayan asegurado a EL PAIS que desconflaban de la operatividad y eficacia de esta brigada, que, a pesar de contar con importantes medios técnicos y humanos, no ha conseguido, desde su creación tras la intentona golpista del 23-F, procesar a civil alguno que estuviera implicado en las tramas golpistas ni, como es su cometido, interceptar cualquier movimiento involucionista como el recientemente descubierto, en el que la Brigada Antigolpe no intervino en ningún momento.
La Guardia Civil entregó a la policia un informe falso que vincula al comisario Baniandrés con el narcotráfico
El instituto armado obtuvo a cambio pruebas contra un miembro del sindicato ilegal
La Guardia Civil de Guipúzcoa hizo llegar a dos policías un informe falso que vincula con el narcotráfico al comisario de Irún Mariano Baniandrés. El documento relaciona al antiguo responsable de la Brigada de Interior (antigolpe) con el contrabando y la apropiación de joyas y oro robados. A cambio, la Guardia Civil obtuvo de dos agentes expulsados del Sindicato Unificado de Policía (SUP) un vídeo que le sirvió para identificar a un miembro del sindicato ilegal del instituto armado.
Baniandrés protege a la propietaria de un bar de alterne de Irún dedicada al tráfico de cocaína y de oro y joyas robadas y recibe por sus servicios dinero y favores femeninos. Estas acusaciones están contenidas en los cuatro folios mecanografiados de que consta un informe supuestamente realizado por el Grupo Fiscal de la 513 comandancia (Guipúzcoa) de la Guardia Civil.El documento, que ha sido ofrecido por dos millones de pesetas a algún medio de comunicación, se suma a una campaña lanzada hace meses por un grupo de policías de conducta dudosa para desplazar de Irún a quien en el pasado representó ante el público a los sectores de convicciones democráticas de la policía. En cada una de las hojas aparece el sello oficial correspondiente, en tinta seca. El comisario ha declarado que todo el con tenido del documento es falso y ha anunciado que demandará a los responsables.
El informe está poder de la juez de primera instancia de Irún, Ruth Alonso, para unirlo a las diligencias abiertas a raíz de una denuncia de dos policías contra Baniandrés. Los denunciantes, José Antonio Atienza y Emilio Prado, lo recibieron del cabo primero de la Guardia Civil Segundo Morales Ojaos, ex miembro del Servicio de Información y actualmente destinado en el Grupo Fiscal del aeropuerto de Hondarribia (Guipúzcoa).
El Grupo Fiscal de la Guardia Civil suspendió las investigaciones a finales de febrero por orden superior, afirma el texto. El documento fue elaborado para dar cuenta del resultado de las pesquisas al Servicio de Información de la comandancia, al que se le entregó el 28 de febrero contra un recibo. Participaron en las indagaciones un teniente, con carné profesional 1.976.428, y cuatro números, con carnés profesionales 1.976.428, 29.342.287, 1.876.428 y 29.342.275.
Ninguno de estos códigos corresponde al documento nacional de identidad de miembros de la Guardia Civil, según ha confirmado el Ministerio del Interior. Los miembros del instituto armado, a diferencia de los del Cuerpo Nacional de Policía, carecen de un carné profesional con numeración distinta a la de su documentación personal y usan como identificativo el DNI.
El número de DNI citado para identificar al teniente corresponde en realidad a Nicolás Ángel Aguado, profesor nacido en Toledo y residente en Madrid. El segundo, a Félix Santos Real, nacido en 1901 y posiblemente fallecido. La última renovación de este documento se registró en octubre de 1964. El tercero, a Agustín Viva Freita, nacido en 1887 en Badajoz y con último domicilio conocido en Nerva (Huelva). El cuarto es un número sin asignar y el quinto pertenece a Piedad León, nacida en 1930 en Zalamea la Real (Huelva) y con domicilio en Nerva.
Los policías Atienza y Prado presentaron el informe falsificado a la juez de Irún el 19 de junio pasado, acompañado de un escrito donde relatan como llegó a sus manos. Los cuatro folios les fueron entregados por el cabo primero Morales en el automóvil de Atienza, en el aparcamiento público del aeropuerto de Hondarribia. Los policías dieron a cambio al cabo, que les había propuesto el "cambio de información", un vídeo grabado por ellos en la manifestación del Primero de Mayo de San Sebastián.
El vídeo contiene imágenes de dos encapuchados con una pancarta del ¡legal Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC). Once miembros del cuerpo están en la actualidad encarcelados en prisiones militares, acusados de sedición. Gracias a las imágenes del video fue identificado y detenido, según fuentes policiales, el guardia José Vega, aunque sólo permaneció unas horas "de advertencia" bajo arresto y luego fue trasladado desde Guipúzcoa a Cádiz.Atienza y Prado pertenecen al llamado SUP crítico, uno de los núcleos sindicales de la policía que más apoya al SUGC. Los dos policías habían presentado una denuncia contra Baniandrés por intento de asesinato de un subordinado y protección a un traficante de drogas, apodado El Negro. Los dos principales testigos aportados en la denuncia son los policías Félix Díaz Deive y José Carlos Revenga. El primero está suspendido de sus funciones por tráfico de drogas y el segundo por falsificación de un parte médico de baja. Díaz Deive no ha confirmado la acusación al ser citado a declarar por la juez.
El gobernador civil de Guipúzcoa, José María Gurrutxaga, ha declarado que todo el asunto está sujeto a investigación judicial y que iniciar ahora una investigación interna paralela sería "demasiado complejo". "Algo he oído", señaló, "pero he preguntado a la Guardia Civil y me ha dicho que no hay ningún informe de esa naaturaleza".
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